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Un caso por el que podrían terminar en prisión 15 penitenciarios

Tres días antes de morir, Argentino Pelozo Iturri fue trasladado desde el penal de Ezeiza hasta la Unidad 9 de Neuquén. Viajó lastimado, esposado y en camión, sin paradas, sin ventilación ni comida y de manera irregular: Sergio Delgado, el juez a cargo de su causa, que debía aprobar el cambio de lugar, nunca se enteró.

El hombre, de 38 años y con un prontuario pesado por el cual cargaba con una condena de 24 años y medio, conocía el lugar a donde lo llevaban casi clandestinamente. Ya había estado en 1996. En esas condiciones irregulares, el 5 de abril de 2008 Pelozo Iturri volvió a cruzar los barrotes de la prisión federal neuquina. Tres días más tarde, salió de la cárcel. Pero adentro de una ambulancia. Su cuerpo estaba masacrado. Su corazón no resistió. Murió en un hospital cercano.

La autopsia original decretó “muerte súbita”. Pero el caso nunca cerró ni para la Justicia ni para la Procuración Penitenciaria Federal. Por eso, una década después, 15 penitenciarios (incluidos médicos, las autoridades del penal y el jefe regional del Servicio Penitenciario Federal) están sentados en el banquillo de los acusados de los Tribunales de Neuquén.

El caso Pelozo Iturri tiene fondo negro: la sospecha, confirmada por peritos en el juicio, de una golpiza digna de la época de la Inquisición, y una cadena oscura de omisiones, adulteraciones de la autopsia, aprietes e incluso la misteriosa muerte antes del juicio del testigo clave, el único preso que vio cómo mataban a golpes a su compañero de pabellón.

El veredicto se prevé para antes de fin de año, dos meses después de comenzadas las audiencias. Los jueces Marcelo Grosso, Orlando Coscia y Alejandro Vidal deberán desatar el nudo de una historia que, para la defensa de los acusados, se trata de una muerte accidental producto de un brote psicótico.

El celador Carlos Vergara, los agentes de requisa Orlando John, Pablo Muñiz, Javier Pelliza, Pablo Sepúlveda, Daniel Romero, José Retamal y José Quinata están imputados por el delito de “tortura seguida de muerte”, que se castiga con reclusión perpetua.

Los médicos Juan Carlos Heredia y Mario Leyría, junto al enfermero Miguel Carrillao, están acusados por omisión de denuncia (prevé pena de hasta 5 años), y por falsificar el certificado médico de la defunción.

El jefe de Seguridad Interna del penal Daniel Huenul, el director de la U9 de Neuquén José Sosa y el subdirector Héctor Ledesma también son juzgados por la omisión y además por falsedad ideológica de documento público (castigo de 3 a 10 años de encierro).

Gabriel Grobli, jefe de Región Sur del SPF, quien debía hacer los trámites protocolares tras la muerte (tomar fotografías, clausurar el servicio médico, confeccionar el croquis del hecho), carga con la imputación de “omisión y encubrimiento”.

Los hechos

Aquel día de abril a Pelozo Iturri lo recibieron los agentes penitenciarios con la clásica “bienvenida”, un pack de tortura carcelaria apañado por las autoridades que consiste de golpes, patadas y la “bomba de agua”, un interminable manguerazo de agua helada sobre el cuerpo desnudo del recluso en la intemperie patagónica.

El recluso estaba marcado: entre sus crímenes por los que cumplía el castigo del encierro sobresalía el asesinato de un policía. Los agentes penitenciarios lo esperaron 12 años. Por ese homicidio y porque lo acusaban, sin pruebas, de haber participado en una revuelta en 1996 que los había tenido a ellos como rehenes allí mismo, en el penal de Neuquén, en su propio territorio. No lo olvidaban.

Pelozo Iturri entró al penal de Neuquén y después de recibir la “bienvenida” fue encerrado en un “buzón”, el nombre que en la jerga reciben las celdas de aislamiento. Estaba herido, no sólo por la paliza con que lo recibieron, sino porque el recluso ya cargaba el dolor de la golpiza que los penitenciarios de Ezeiza le habían dado como despedida.

Tres días después, el 8 de abril, a Pelozo Iturri lo sacaron del “buzón”, que formalmente era la celda 1 del pabellón 10 de aislamiento. Los presos de las celdas contiguas escucharon ruidos: golpes contra un cuerpo, los escudos de los penitenciarios contra el piso y las paredes, bastonazos, hombres arrastrando el cuerpo de otro, gritos y la voz del preso que suplicaba: “No me peguen más”.

Sin embargo, los acusados alegaron que lo sacaron de allí por un brote psicótico, “para auxiliarlo y salvarle la vida” y que los golpes, sumados a los que había recibido en Ezeiza, se los inflingió él solo contra el piso y las paredes, a pesar de estar esposado, y que luego se cayó de una escalera y se desvaneció en la enfermería.

Pero uno de los detenidos en los buzones declaró que minutos antes de su muerte conversaron en un “recreo” (una hora por día para lavarse) y que allí Pelozo Iturri le dijo que un penitenciario de Neuquén le avisó en la “bienvenida” que le iban a ·”cobrar” la toma de rehenes de 1996.

Eran las 11 de la mañana cuando Iturri recibió la visita del celador Carlos Vergara, junto a los agentes de requisa John, Vergara y Muñiz. Todos ellos se defendieron en el juicio con el argumento del brote psicótico, pero fueron contradichos por los testimonios de detenidos y ahora ex detenidos que, a pesar de los aprietes que sufrireron (constatados en el expediente de la causa) relataron escenas que más bien tienen que ver con torturas y venganzas que con las formas de auxiliar a una persona.

Uno de ellos, que solía ser el “cafetero” de los penitenciarios, contó que escuchó entre los imputados comentarse que cuando entraron a la celda Iturri hacía flexiones de brazos y que le dijeron que limpiara su celda, pero que entonces el preso los agredió.

En el pabellón 11 un detenido vio cómo después de eso lo sacaron al pasillo entre “ocho o diez penitenciarios”. Dijo que vio cómo lo subían por la escalera a los golpes y con bastonazos en el cuello. “Ese día sentí la presencia de la muerte”, dijo en el juicio semanas atrás.

Dos presos que estaban con visitas en el patio central del penal observaron desde las rejas de ese lugar el momento del traslado. Uno dijo que escuchó a Pelozzo Iturri gritar “no me peguen más, me van a matar”.

El otro declaró en el juicio que vio cómo el cuerpo de requisa le pegó bastonazos en la cabeza hasta que lo desmayaron y lo llevaron “aparentemente inconsciente” a la enfermería, desde donde escuchó “gritos desgarradores de tortura, como si lo estuvieran carneando”. Ese mismo hombre vio salir a un enfermero que comentó a un penitenciario: “Este no jode más”.

La técnica de tortura se arrastraba en Neuquén desde la dictadura. Así lo relató uno de los presos que declararon como testigos en el juicio. Uno de ellos entró a Neuquén en 1979. “Ni en el régimen militar se usaba la manguera de bombero”, ejemplificó para describir el clima que se vivía en 2008.

En la enfemería hubo dos testigos que son la clave de la causa. Uno de ellos dijo que cuando entraron a Pelozzo Iturri a él lo sacaron, pero que mientras salía escuchó ruidos de golpes y gritos de dolor.

El otro testigo era Luis Abella, el hombre más importante del caso. Y está muerto, asesinado a cuchillazos después de haber entrado en el programa de protección de testigos, en una causa todavía impune, plagada de hechos inconsistentes y misterio, que merece otro relato.

Conocido como “El Rey de la fuga”, Abella declaró ante la Justicia días después de la muerte de Pelozzo Iturri y relató una “golpiza terrible”. Dijo que a Pelozzo lo tiraron sobre un banco de la sala de espera de la enfermería y le pegaron golpes de puño, patadas, palazos, que le saltaban encima de la cabeza, que lo asfixiaron parándose encima de su cuello y que cuando el preso entró en paro cardíaco llamaron a un médico, lo intubaron, intentaron reanimarlo y lo llevaron al hospital.

“Se advierte el terror en los testigos que están bajo la órbita del Servicio Penitenciario, aún 10 años después” dijo en el juicio el fiscal federal Miguel Ángel Palazzani.

“No puede dejar de soslayarse aquí que quienes se atrevieron a deponer, en muchos de los casos, son o fueron internos a quienes les restaba tiempo de condena por cumplir; que señalaron temor al momento de declarar, que pidieron ser trasladados para poder hacerlo o bien lo hicieron ante el juez de ejecución o bajo la modalidad de identidad reservada y que, incluso, refirieron haber recibido comentarios atemorizantes por parte de agentes de la U9″, consideró el juez Richar Gallego en el dictamen de procesamiento que, cuatro años atrás, dictó la Cámara Federal de General Roca.

La muerte de Pelozzo gozó un tiempo largo de impunidad. Y eso se basó, según la acusación, en la adulteración de la autopsia. “Está plagada de irregularidades, omisiones y datos erróneos, fue útil al encubrimiento”, detallaron a Infobae fuentes de la Procuración Penitenciaria (PPN), que integra la querella.

La autopsia oficial, presenciada llamativamente por cuatro agentes penitenciarios, entre ellos el director del penal, José Sosa, decretó la muerte súbita “por causas no determinadas”, pero en el examen no se mandaron a estudiar el cerebro ni los pulmones de la víctima.

En noviembre de 2012, la PPN presentó un informe del médico forense José Ángel Patitó donde se afirmó que la muerte de Pelozo Iturri había sido consecuencia de los golpes recibidos por parte de los agentes penitenciarios. En base a este documento, el juez federal de Neuquén Guillermo Labate ordenó un nuevo peritaje al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Las conclusiones fueron concisas: la muerte del detenido tenía directa relación con los tormentos padecidos y las lesiones que se constataron fueron hemorragia en el cerebro y asfixia pulmonar. Las dos zonas del cuerpo que la autopsia original omitió estudiar.

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