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Diego Correa y Pablo Oca irán a juicio oral ¡Quién manejaba los cuadernos!

De sus tres defendidos, el abogado Fabián Gabalachis solo pidió el sobreseimiento para Pablo Bastida, a quien la Unidad Anticorrupción considera el “valijero” de los retornos para la presunta asociación ilícita de la Causa Revelación. En cambio, admitió que Diego Correa y el ex ministro de Economía, Pablo Oca vayan a juicio oral y público, excepto en un hecho.

El penalista cuestionó la constitucionalidad de la calificación jurídica de “asociación ilícita”. Explicó que hubo “pocas sentencias y muchas con vinculaciones políticas”. La figura exige que los acusados en cuestión hayan afectado la paz social o causado alarma en el orden público. “¿Alguien puede decirme que entre 2015 y 2017 las conductas de estos imputados causaron esto? Si dicen que sí, faltan a la verdad”.

También rechazó la incorporación de 22 testimonios propuestos por el MPF. Son los empresarios beneficiados con probation o reparaciones a lo largo del proceso. “A la fecha del juicio aún estarán sujetos a la suspensión del juicio, ¿qué pasa si declaran y a la vez no cumplen con los requisitos para sostener su beneficio?”.
El fiscal Marcos Nápoli defendió la constitucionalidad de la “asociación ilícita” y aseguró el pedido de coimas sí afectó la seguridad pública. “En la comunidad generó intranquilidad que las arcas estatales hayan sido saqueadas por una banda en lo más alto del poder político”, graficó. También remarcó lo parecido del expediente con el caso de “Los Cuadernos”. Y recordó que el tribunal que juzgó El Embrujo ya validó este año la figura jurídica de la “asociación” pese a que Gabalachis en ese caso ya había planteado la misma objeción.
Se opuso a desvincular a Bastida, en especial por los testimonios que lo comprometen y que se escucharán en el juicio, como el diputado Alfredo Di Filippo.

En el colador
En otro tramo, Pablo Pugh, defensor de Pablo Menedin, explicó que a Menedin le imputan pagarle un retorno a Diego Correa en Marzo de 2017 para que el secretario privado de la Gobernación le destrabe certificados de obra. Pero leyó extractos del Banco Chubut según los cuales Provincia depositó con puntualidad en la cuenta de la empresa cada mes desde marzo de 2016. “Es falso cuando hablan de retrasos y apremios económicos. Si cobraba, ¿para qué ir a verlo a Correa?”.
El abogado comparó la imputación de la audiencia de apertura de investigación del caso con la acusación actual. “Son los mismos exactos 8 renglones. Pasó un año y no investigaron, no hicieron nada más. Fue una construcción de fantasía. Cortaron y pegaron porque es casi igual a la de Martín Castillo”. Su defensor aseguró que por este expediente Menedin quedó en bancarrota y perdió su empresa.
Deslizó que Menedin y Martín Castillo “son los empresarios que quedaron en el colador porque como declaró Federico Piccione, no quisieron someterse al pedido de mentir para justificar la falacia de la acusación” dijo el defensor, quien consideró que “usaron personas como palancas para incriminar a los funcionarios como cometido final”.
En una dura réplica, el fiscal Nápoli le agradeció al defensor. “Hizo gran parte de mi trabajo. Me voy a valer de lo que dijo y lo voy a tomar a rajatabla. Aunque es la primera vez que lo veo en este caso, tiene muchas críticas a la acusación. Enumeró la evidencia y queriendo hacer lo contrario, no hizo más que confirmar la acusación”.
“Recolectamos 8 cuadernos de prueba y más de 10 cajas de información, tenemos más de 2 mil archivos relevados y analizamos escuchas. No estuvimos tomando mate en la oficina” precisó. “Nos ayuda que Pugh nos diga que el hecho es idéntico porque refuerza nuestra congruencia y significa que acertamos con la descripción desde el primer día. Al hecho lo corroboramos tanto que no fue necesario modificarlo, ¿o Pugh pretende un video o una escritura pública de Menedin pagando coima?”. Nápoli ironizó, “con lo que tenemos alcanza. Que el imputado no se sienta menospreciado porque escribimos sobre él menos que sobre el resto”. Como el defensor argumentó que buena parte de los fondos cuestionados eran de un contrato con Nación, el fiscal de Estado adjunto, Christian Martínez, aclaró que el dato es cierto, pero que ese dinero pasó por el monitoreo del Gobierno provincial.

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